El proyecto de ampliación del ejido urbano de Tolhuin desplaza dos áreas protegidas y causa gran preocupación en la comunidad.

Impulsado por el legislador Fernández y fundamentado, entre otros aspectos, en los pedidos de terrenos para casas de fin de semana, el proyecto implica la derogación de las Leyes 599 y Nº 600/2003 mediante las cuales se crearon las Reservas Provinciales de Usos Múltiples Laguna Negra y Río Valdéz.

La desafectación de las RESERVAS DE USOS MULTIPLES LAGUNA NEGRA y RÍO VALDÉZ, creadas por ley según el espíritu de nuestra Constitución Provincial, constituye un pésimo antecedente para la provincia, tanto turística como institucionalmente, resulta contradictoria, va en desmedro de la conservación de los recursos provinciales y atenta contra el uso recreativo y turístico, tanto de los habitantes de nuestra provincia como de quienes nos visitan.

Las Reservas Provinciales de Laguna Negra (creada por Ley Provincial 599) y Río Valdez (creada por Ley Provincial 600) han sido declaradas Reservas de Uso Múltiple y, por lo tanto, admiten una serie de usos absolutamente compatibles con la mayoría de los considerandos y necesidades planteadas en el proyecto de ley citado. En este sentido, en ambas reservas se realizaron tareas en vistas de su implementación efectiva: cuentan con un plano de mensura elaborado por la Dirección General de Catastro y con senderos de interpretación, entre otras cosas, ofreciendo una oferta turístico-recreativa para la puesta en valor de estas áreas, cuyo principal beneficiario es la comuna de Tolhuin. Continuar en este camino debería proveer las herramientas necesarias para promover un turismo basado en la naturaleza, así como oportunidades de recreación y desarrollo para la población local, sin por ello dejar de cumplir el objetivo para el cual fueron creadas.

Las áreas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la diversidad biológica y proveer servicios ambientales. En este sentido, en la X Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, finalizada el viernes pasado, los países -incluida la Argentina- acordaron proteger un 17% de cada región natural del mundo para 2020. Actualmente, nuestro país cuenta con un 7,7% de su territorio continental protegido, gracias a un trabajo conjunto entre la Nación, provincias y el sector privado. Sin embargo, este porcentaje está lejos del 12% promedio a nivel global que ya se encuentra protegido, y más lejos aún de la nueva meta fijada por la Convención de Diversidad Biológica.

La provincia de Tierra del Fuego, a partir de lo que establece su Constitución Provincial, ha venido trabajando en esta línea. No obstante, al igual que a nivel nacional, cuenta solo con un 7,41% de su superficie protegida (1,91% corresponde al territorio incluido dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, y el 5,5% restante se reparte en diferentes Reservas Provinciales).

Las áreas protegidas revisten un valor fundamental por los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Entre ellos, oportunidades de desarrollo a través del turismo, una actividad a la que la provincia de Tierra del Fuego viene apostando fuertemente en los últimos años, y donde las riquezas naturales de la provincia juegan un rol fundamental. A modo de ejemplo, el Parque Nacional Tierra del Fuego recibe unos 250 mil visitantes por año.

Las áreas protegidas son creadas para conservar los recursos naturales y los servicios ambientales que brindan a la sociedad de forma permanente y a perpetuidad. En este sentido, existen antecedentes en la Argentina de intentos de desafectación de áreas protegidas existentes, que han generado instancias judiciales con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los ejemplos recientes se encuentran: la desafectación de la Reserva Provincial General Pizarro (Salta), Parque Nacional Iguazú (Misiones) y, más recientemente, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis). En estos últimos casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó intervención, dictando su competencia originaria, y planteando medidas cautelares que dejaron en suspenso la desafectación.

FUENTES VARIAS