La Asociación Manekenk -con sede en la ciudad de Ushuaia, Tierra Del Fuego AIAS-, ha sido seleccionada para conformar el ‘Consejo Consultivo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral’.

Este consejo tiene la función de asistir y asesorar a las autoridades de aplicación en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI)

Según el artículo 15 de la Ley conforman dicho Consejo representantes de las siguientes entidades: organizaciones de segundo grado representativas de pueblos indígenas; organizaciones gremiales docentes de la educación pública, privada y técnica con reconocimiento nacional; representantes del sector estudiantil y juvenil; representantes del sector científico nacional y de las distintas jurisdicciones; representantes de las universidades nacionales; representantes de universidades privadas; representantes de guardaparques del sector público (nacional y provincial); representantes de guardaparques del sector privado; representantes de las organizaciones de recicladores y recicladoras; y representantes de organizaciones de la sociedad civil con probado interés en la educación ambiental. 

Además, podrán integrarlo representantes de la Comisión de Educación, representantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, representantes de la Comisión de Educación y Cultura y representantes de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación.

La Asociación Manekenk fue elegida para ser parte del Consejo Consultivo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral.

A partir de la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral 27.621, se realizó un proceso abierto y federal para definir a cada representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que integrarán el Consejo Consultivo. El mismo contó con diferentes etapas (inscripción, charla informativa, postulaciones y votación), las cuales buscaro garantizar la transparencia, participación y paridad de género.

La ley de Educación Ambiental Integral (27621) establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional.ales.

Es importante destacar, que la Ley de Educación Ambiental Integral (27621) sancionada el 3 de junio del 2021 tiene entre sus objetivos: el respeto y valor de la biodiversidad; el principio de equidad e igualdad de género; el amplio reconocimiento de la diversidad cultural, como por ejemplo el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas; la participación y formación ciudadana; como así también, el ejercicio ciudadano al derecho a un ambiente sano.

Además de la Asociación Manekenk, las OSC elegidas son: la Fundación de Estudios Regionales (región Centro-Cuyo), Asociación Civil STS Rosario (región NEA) y Copate Asociación Civil (región NOA).

Ubicada en la punta oriental de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., y con una extensión de 2400 km2, Península Mitre posee un patrimonio natural que sido legado a los fueguinos y fueguinas ante su enorme concentración de Turberas.

Este tipo de humedal de material orgánico, cuenta con una superficie de 193.000 ha, es decir más del 70 % del total provincial de 270.000 ha. Su trascendencia radica en su excepcional biodiversidad, y sobre todo, ser el punto de mayor captura de carbono de toda la Argentina; razón primordial para el urgente tratamiento del actual Proyecto de Ley enviado a la Legislatura Provincial para legitimar este territorio como Área Natural Protegida.

Reconocidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida por la Convención RAMSAR (de la cual Argentina es signataria mediante la Ley N° 23919), las turberas cubren el 3% de la superficie del planeta almacenando dos veces más carbono que todos los bosques del mundo. En la Argentina, Península Mitre representa aproximadamente el 84,4% de los turbales de todo el país. Por este motivo, fue destacada en la campaña “Feroz por la Vida”, Programa para el Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) junto con otros nueve ecosistemas similares alrededor del mundo.

¿Pero qué pasaría si la turberas desaparecen?

Como reguladores hidrológicos, las cuencas de las turberas controlan el ciclo del agua, lo cual es fundamental para mitigar crecidas, aportando agua en períodos sin lluvia y controlando la erosión y transporte de sedimentos. La supresión de estos humedales, provocaría que el dióxido de carbono (CO2) -principal gas de efecto invernadero- acumulado, regrese a la atmósfera logrando así un efecto contaminante. 

Clave en la adaptación al cambio climático por su capacidad de capturar carbono; la protección y restauración de estos ecosistemas son una herramienta concreta que podría colaborar a mitigar la curva del calentamiento global, evitando la contaminación en las aguas, la degradación del suelo y el riesgo de inundaciones, incendios y sequías.

Actualmente, el 95% de total de las turberas de todo el país se encuentra en Tierra del Fuego A.I.A.S. Dentro del territorio podemos encontrar turberas puras como las Sphagnum -requeridas para la minería de turba-, aunque no son en absoluto el tipo dominante, ya que prevalecen turberas mixtas, con muchas plantas vasculares, como juncáceas, arbustivas de bajo porte y carpetas de Astelia. Se estima que hasta la actualidad contienen 315 millones de toneladas métricas de carbono: el equivalente a tres años de las emisiones gases de efecto invernadero del país.

Sólo la continuidad en las posibilidades vitales de las turberas se mantendrán mediante la conservación en su estado natural. Su degradación, como el drenaje, la extracción de turba o cambio en el uso de la tierra darán fin a los servicios que prestan, provocando cambios irremediables en la liberación a la atmósfera del CO2 almacenado tras su descomposición.

La creación del Área Natural Protegida Península Mitre comprende una porción terrestre, que en su mayor superficie sea designada en categorías de manejo correspondientes a “Áreas Destinadas a Uso No Extractivo y Rigurosa Intervención del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el Sector Marino de Jurisdicción Provincial Adyacente». Desde el primer antecedente a una solicitud con resguardo legal en 1990; ya son más de 30 años de espera, que la comunidad -secundado por distintas ONG’s ambientalistas de toda la Provincia-, llevan exigiendo por una Ley Definitiva que proteja y de justicia a una ‘maravilla natural y cultural’, en pos de conservarla, no sólo por nosotros, sino para las generaciones futuras.

Un grupo de indígenas ecuatorianos presentaron una querella contra la petrolera Chevron(por 18.000 millones de dólares) debido a la extensa contaminación que la explotación petrolera de la firma causó en la Amazonia. Pero la justicia no es igual para todos. Humberto Piaguage, portavoz de la Organización Indígena Secoya, ha señalado que ha habido un fallo de los tribunales de Ecuador a su favor, pero ahora se está produciendo una interferencia de untribunal privado extranjero.

No sólo los indígenas, sino también las organizaciones medioambientales, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Gobierno de Ecuador medidas de precaución en este intento de arbitraje. La directora del grupo de defensa Public Citizen, Lori Wallach, ha afirmado que la intervención significa una expansión peligrosa de este recurso que amenaza las causas de derechos humanos y el medio ambiente.

La demanda se produjo por la contaminación ambiental causada por la petrolera Texaco, adquirida por Chevron en 2001, ocurrida, entre 1964 y 1992, en la región ecuatoriana de Lago Agrio. El Pueblo Kichwa vivió el desastre medioambiental: contaminación en el suelo y agua, así como los abusos sufridos por la población indígena y local a manos de la petrolera y sus trabajadores. “Nuestro territorio ha disminuido, nuestras familias sufren, nuestras mujeres han sido abusadas, los jóvenes han sido corrompidos por el alcohol distribuido por la petrolera”, ha dicho uno de los indígenas.

El año 2002, para evitar un juicio ante un tribunal federal de Estados Unidos, Chevron eligió las causas en los tribunales ecuatorianos, que incluían demandas de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación, incluyendo un derrame de más de 60.000 millones de litros de desechos tóxicos.

En 2011, un tribunal de Ecuador país ordenó el pago de 18.000 millones de dólares, que se destinarían a la limpieza de los terrenos contaminados. La compañía petrolera perdió varias apelaciones en tribunales ecuatorianos y estadounidenses, así que ha buscado otra vía: el Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países.

Chevron no quiere pagar por la contaminación causada. Cueste lo que cueste. La Justicia, definitivamente, no es igual para todos.