¿Qué es el fracking?

Nos preguntamos

¿¿Porque no se aplica la Ley de etiquetado de transgénicos????

Si querés conocer la Ley, podes leerla completa aquí

Ley Nº 579: Alimentos Transgénicos – Defensa al Consumidor – Deber de informar y publicación de Alimentos Transgénicos.

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Un grupo de indígenas ecuatorianos presentaron una querella contra la petrolera Chevron(por 18.000 millones de dólares) debido a la extensa contaminación que la explotación petrolera de la firma causó en la Amazonia. Pero la justicia no es igual para todos. Humberto Piaguage, portavoz de la Organización Indígena Secoya, ha señalado que ha habido un fallo de los tribunales de Ecuador a su favor, pero ahora se está produciendo una interferencia de untribunal privado extranjero.

No sólo los indígenas, sino también las organizaciones medioambientales, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Gobierno de Ecuador medidas de precaución en este intento de arbitraje. La directora del grupo de defensa Public Citizen, Lori Wallach, ha afirmado que la intervención significa una expansión peligrosa de este recurso que amenaza las causas de derechos humanos y el medio ambiente.

La demanda se produjo por la contaminación ambiental causada por la petrolera Texaco, adquirida por Chevron en 2001, ocurrida, entre 1964 y 1992, en la región ecuatoriana de Lago Agrio. El Pueblo Kichwa vivió el desastre medioambiental: contaminación en el suelo y agua, así como los abusos sufridos por la población indígena y local a manos de la petrolera y sus trabajadores. “Nuestro territorio ha disminuido, nuestras familias sufren, nuestras mujeres han sido abusadas, los jóvenes han sido corrompidos por el alcohol distribuido por la petrolera”, ha dicho uno de los indígenas.

El año 2002, para evitar un juicio ante un tribunal federal de Estados Unidos, Chevron eligió las causas en los tribunales ecuatorianos, que incluían demandas de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación, incluyendo un derrame de más de 60.000 millones de litros de desechos tóxicos.

En 2011, un tribunal de Ecuador país ordenó el pago de 18.000 millones de dólares, que se destinarían a la limpieza de los terrenos contaminados. La compañía petrolera perdió varias apelaciones en tribunales ecuatorianos y estadounidenses, así que ha buscado otra vía: el Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países.

Chevron no quiere pagar por la contaminación causada. Cueste lo que cueste. La Justicia, definitivamente, no es igual para todos.

Una vez más, el mundo de los agrotóxicos muestra sus dientes. Esta vez, a sólo tres días del aniversario de los casi 4000 muertos de la tragedia de Bophal, en la India, en la forma de “humo” que surgía sin control de un contenedor en el Puerto de Buenos Aires. Zozobra, caos, gente descompuesta, evacuaciones rápidas, incertidumbre.
Los medios de prensa transmitían en tiempo real los esfuerzos de los bomberos, policía, gendarmería, por alejar a la gente y cercar con modestos barbijos –los que más suerte tuvieron- la zona en la cual el fuerte olor hacía llorar a las personas. El viento con dirección Norte – Sur llevó el humo para el centro de la ciudad de Buenos Aires y el barrio de Constitución. La carga provendría de Shanghai, China, en tránsito en Buenos Aires hacia el puerto de Caacupe-Miports, en Paraguay. El siguiente trayecto lo iba a hacer por agua… por el mismo agua del que beben millones de personas, con el que riegan millones de hectáreas.

DE INMEDIATO
En las primeras horas del episodio, al Hospital Austral de Pilar llegaron 7 casos de síntomas leves, cefalea, nauseas, irritacion ocular y de vias respiratorias altas. Fueron descontaminados en el area de decontaminacion del servicio de emergencias y se ingresaron a la guardia.
Al Hospital italiano comenzaron a consultar pacientes adultos y niños con cuadros de irritación en vías aéreas superiores y un curioso «olor» a hidrocarburos. El hospital decidió descontaminarlos fuera de la guardia, organizando un circuito hasta su ingreso, quitándoles la ropa y bañándolos.
En el Centro Nacional de Intoxicaciones se efectuaron desde las 10.30 hasta las 15.20hs, 115 consultas telefònicas, la mayoria con manifestaciones de tipo irritativas en vias aereas superiores, oculares y cutaneas leves. 104 asesoramientos telefònicos. Todos con sìntomas irritativos respiratorios y oculares leves. Todos con intenso olor a insecticida en la ropa y pelo.
En el Hospital de Clinicas, hasta las 13;30 hs fueron atendidos 20 pacientes en guardia, manifestaciones de irritacion y algunos, vómitos. Todos presentan importante olor en sus ropas. Todos fueron decontaminados y sus vestimentas fueron aisladas. Dos sintomaticos que revirtieron con baja dosis de atropina.
EL RESPONSABLE
THIODICARB 35%, insecticida inhibidor de colinesterasas, un carbamato sistémico con actividad insecticida: ovicida, larvicida y adulticida, utilizado para la semilla de algodón, maíz, sorgo y soja. Su toxicología es II: Altamente tóxico.

Los inhibidores de colinesterasas por ser compuestos muy liposolubles se absorben por todas las rutas de exposición: oral, dérmica, la conjuntival y la inhalatoria. Tanto los organofosforados como los carbamatos son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, uno de los neurotransmisores más importantes, encontrándose en muchos niveles de las sinapsis del sistema nervioso. Según los manuales médicos, algunos de los efectos sintomáticos son: agitación, taquicardia, confusión, hipertensión, delirium, convulsiones, mialgias, depresión respiratoria, broncoespasmo, vómito, calambres, coma, diarrea, mioclonías, micción involuntaria, dolor abdominal, hipotensión, piel pálida y fría.
¿…EL RESPONSABLE?
El verdadero responsable es un modelo agrícola altamente dependiente de insumos, que echa mano cada dia más a productos progresivamente más peligrosos, en mayores cantidades que se tornan inmanejables. Que producen efectos crónicos, agudos, que matan.

Evidentemente el argumento del “hambre en el mundo” ya no resiste el menor análisis. Llevan 70 años argumentando quecon los agrotóxicos se solucionaría el hambre en el mundo. Las plagas siguen igual que antes. Y las personas, enfermas.
“Levemente tóxico” se leía en los script de los canales informativos. ¿Levemente tóxico? ¿Existe tal cosa? Quizás salte finalmente la penosa alarma cuando haya personas “levemente muertas”.
Lic. Silvana Buján

MAS INFORMACION

En El Ministerio de Agricultura argentino está debatiendo por estos días con las empresas semilleras y productores agropecuarios un nuevo proyecto de Ley de Semillas para modificar la norma vigente, que data de 1973.
La ley en debate contempla, como gran cambio, la restricción del llamado “uso propio” que pueden hacer los productores de semillas, sin comprar una bolsa nueva.
Actualmente, sin restricciones, muchos productores reutilizan las semillas de soja y de trigo, que dan como resultado una semilla con las mismas características y potencial que la sembrada inicialmente. Esto implica que el creador y el reproductor de la semilla no cobran por la tecnología incluida en esas semillas.
Cuando Monsanto incorporó en el país su soja RR en 1996, no pudo cobrar la tecnología, que no estaba patentada. Para no repetir la historia, la firma lanzó una suerte de campaña para sumar voluntades entre los productores que quieren usar su nueva semilla, Intacta, y dijo que consiguió alta adhesión entre quienes declararon su voluntad de pagar el “royalty” con tal de que la firma ponga a disposición su nueva tecnología.
En paralelo, Monsanto cumplió todos los requisitos técnicos y su nueva soja fue aprobada para su comercialización en el país hace un mes y medio. Detrás de Monsanto, otras grandes empresas esperan para comercializar sus innovaciones, siempre que se les demuestre que podrán cobrar por ellas. La Federación Agraria Argentina (FAA) se fue de la mesa de debate del proyecto de ley, mientras la Sociedad Rural Argentina (SRA) envío una carta al titular del Instituto Nacional de Semillas (Inase) planteando sus reparos al proyecto, por el que sólo podrán hacer uso propio un puñado de muy pequeños agricultores y los demás deberán comprar siempre una bolsa nueva para sembrar.

Invitamos a todas las organizaciones, grupos, instituciones y personas que se sientan comprometidas en la lucha por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos a adherir con su firma a la siguiente Declaración en contra de la modificación de la Ley de Semillas de la Argentina.
Envíe su firma ingresando sus datos en el formulario que se encuentra al pie.

FIRME AQUI

10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina
Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.
3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.
5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.
7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.
8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.
9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.
10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.
Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA
FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS
Organizaciones firmantes:
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la Tierra
Acción por la Biodiversidad

Un delito de lesa humanidad

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